Marruecos exige repatriación de menores no acompañados

Marruecos exige a España la repatriación de todos los menores marroquíes no acompañados que permanecen en su territorio. Según la prensa, más de 70.000 personas regresaron a Marruecos después de la avalancha migratoria del 30 de julio, mientras que el resto permanecieron en España.

El ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, ha reclamado el retorno de estos menores, argumentando que el entorno más adecuado para ellos es su familia y su país. Ouahbi ha responsabilizado a las autoridades españolas de la situación actual y ha asegurado que Rabat buscará el retorno de los menores por vías legales y políticas. "El entorno más adecuado para garantizar un futuro mejor a estos menores es el de sus familias y su país", destacó Ouahbi en declaraciones al portal informativo marroquí Hespress.

Según Moncloa, 80.000 personas cruzaron irregularmente la frontera de Ceuta desde Marruecos, dejando 1.400 menores en la ciudad autónoma. Más de 70.000 regresaron posteriormente al país magrebí, mientras que el resto permanecieron en España. La exigencia de Marruecos coincide con un clima político interno cada vez más tenso en España, donde varias comunidades autónomas y Vox han rechazado acoger a los menores, alegando falta de recursos y responsabilidad del Gobierno central.

Varias comunidades autónomas han advertido que no tienen capacidad para acoger a los menores que aún permanecen en Ceuta. Vox ha sido especialmente tajante en su posición. Sus representantes en Extremadura, Aragón y Castilla y León han anunciado que no asistirán a la reunión del 13 de agosto convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia para organizar el reparto. La presidenta de Extremadura, María Guardiola, acusó al Gobierno de Sánchez de querer trasladar las responsabilidades del Gobierno a las administraciones autónomas. "El Gobierno de Sánchez no puede imponer a las comunidades autónomas cómo afrontar una situación que no ha sabido prever", aseguró Guardiola.

En Madrid, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, reiteró que los recursos de atención a menores extranjeros no acompañados en la región "están al límite". "Estamos viviendo un caos inmigratorio sin precedentes. Este Gobierno todo lo que toca lo convierte en un auténtico caos y desde luego no se puede derivar la incompetencia del Gobierno central ahora a las comunidades autónomas", añadió García Martín.

Ante las negativas de estas comunidades de acoger a los menores, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, dictó el pasado viernes un decreto en el que daba una serie de "pautas de actuación" para "asegurar" la "protección" de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta. El documento ordena a los fiscales intervenir si alguna comunidad rechaza recibir a los menores que le correspondan por reparto.

Ceuta sigue afrontando las consecuencias de la avalancha migratoria: centros colapsados, despliegue militar, violencia en las calles y un impacto social sin precedentes, según datos difundidos por distintas administraciones. La negociación entre Madrid y Rabat será clave para determinar el futuro de los menores y para evitar que la crisis derive en un conflicto diplomático mayor. El siguiente paso dependerá de cómo avancen estas negociaciones y de cómo las comunidades autónomas respondan a las pautas dictadas por la Fiscalía.

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