Sánchez se resiste a modificar la ley de rechazos en Ceuta

El Gobierno de Pedro Sánchez no contempla por ahora modificar la legislación que regula los rechazos en frontera en Ceuta y Melilla, a pesar del vacío jurídico señalado recientemente por el Tribunal Supremo y la entrada masiva de inmigrantes registrada el pasado 30 de julio en la ciudad autónoma.

Fuentes jurídicas consultadas por The Objective consideran insuficiente la respuesta adoptada por el Ejecutivo y reclaman una modificación normativa mediante real decreto que clarifique expresamente cuándo pueden aplicarse las denominadas devoluciones en caliente a quienes acceden a territorio español por mar.

La regulación actual procede de 2015, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo una disposición adicional en la Ley de Extranjería para regular específicamente los rechazos en frontera en Ceuta y Melilla. El problema surge en aquellos puntos donde no existe una barrera física continua que delimite materialmente la frontera, como sucede en el espigón del Tarajal, cuya estructura sólo se adentra unos metros en el mar.

Tras la crisis del 30 de julio, el Ejecutivo instaló una barrera de contención de aproximadamente 500 metros en aguas próximas al Tarajal y adoptó una medida similar en Melilla. Moncloa considera que esta actuación permite solucionar en la práctica el problema detectado por el Supremo.

Sin embargo, los juristas consultados por The Objective advierten de que una barrera física no necesariamente resuelve el vacío jurídico. “¿Qué ocurre si alguien que ha cruzado por encima de la barrera alega ante un juez que la ha bordeado? Estaríamos en la misma situación que el argelino que ganó su caso en el Supremo”, señala una de estas fuentes. Los especialistas sostienen que bastaría con añadir unas líneas a la disposición adicional de la Ley de Extranjería para aclarar expresamente la aplicación del rechazo en frontera en estos supuestos.

Otra de las fuentes consultadas considera que el Ejecutivo podría aprobar la reforma mediante un real decreto, que entraría inmediatamente en vigor antes de someterse a la correspondiente convalidación parlamentaria. Según esta interpretación, el Gobierno dispondría además de mayoría suficiente para sacarlo adelante, dado que no encontraría mayor oposición en el Congreso a una medida de este tipo.

“Sánchez ha tenido tiempo de sobra pero no quiere reunir al Consejo de Ministros en plenas vacaciones, aunque sea de urgencia y mediante videoconferencia”, sostiene una de las fuentes citadas por The Objective. El presidente ni siquiera tendría que regresar físicamente a Madrid. Presidencia dispone de la denominada malla Bravo, una infraestructura cifrada que permite comunicaciones y videoconferencias seguras entre Moncloa, los ministerios y los principales órganos de gestión de crisis.

Fuentes conocedoras del funcionamiento interno de Presidencia cuestionan además que, tras una crisis de esta magnitud, no se haya convocado el Consejo de Seguridad Nacional ni el Comité de Situación. Una de ellas acusa a Moncloa de estar más preocupada por controlar el relato público que por activar los mecanismos extraordinarios previstos para responder a una emergencia.

La preocupación aumenta ante las convocatorias difundidas en redes sociales para intentar nuevas entradas hacia Ceuta y Melilla el próximo 15 de agosto. “Si Marruecos no para la convocatoria por redes del próximo 15 de agosto, volveremos a tener la misma situación en Ceuta”, advierte una de las personas consultadas.

La gestión de la crisis migratoria ha provocado también fuertes tensiones dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), organismo integrado en Presidencia del Gobierno. Según las informaciones publicadas en los últimos días, las referencias a la situación migratoria de Ceuta habrían desaparecido de algunos de sus informes públicos después de la polémica desatada por una información difundida inmediatamente después de la avalancha. El DSN publicó entonces que más de 49.000 inmigrantes habían accedido irregularmente a Ceuta en apenas 24 horas a través del espigón y la playa del Tarajal. La publicación provocó un fuerte malestar dentro del Ejecutivo. Según las informaciones difundidas posteriormente, tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como el jefe de Gabinete del presidente habrían mostrado su malestar porque aquella cifra hubiese sido difundida directamente desde un organismo dependiente de Moncloa. La responsable de comunicación del DSN retiró el texto y posteriormente fue cesada de manera fulminante, pese a llevar ocho años ocupando el puesto. La funcionaria se encontraba de vacaciones y tuvo que regresar a Madrid para recoger sus pertenencias después de recibir la orden de abandonar su despacho en Moncloa.

El episodio ha generado una gran controversia interna y ha llevado a la prensa a especular sobre la falta de preparación y coordinación del Gobierno en la respuesta a la crisis migratoria. La próxima semana será clave para determinar si el Ejecutivo tomará medidas concretas para abordar el vacío jurídico identificado por el Tribunal Supremo y evitar futuras crisis similares.

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